Una lección sobre motivación judicial y respeto a la libertad personal
El proceso contra el expresidente Martín Vizcarra, por presunto cohecho pasivo, reabrió el debate sobre el uso adecuado de la prisión preventiva en el Perú.
En junio de 2025, el juez de primera instancia rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva, pero la Sala Penal, al revisar el caso, detectó graves deficiencias en la motivación de la resolución. Entre ellas, contradicciones sobre el arraigo laboral del imputado y la omisión de analizar documentos presentados por la defensa.
La Sala recordó que la motivación judicial no es una formalidad, sino una garantía frente a la arbitrariedad. Cuando una decisión afecta la libertad personal, el juez debe sustentarla con argumentos claros, coherentes y completos.
“¿Puede haber justicia real si las resoluciones no explican por qué restringen la libertad?”
El caso Vizcarra deja una enseñanza clave: la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, aplicada solo cuando existan razones sólidas y bien fundamentadas. Sin motivación suficiente, cualquier decisión pierde legitimidad y pone en riesgo el principio más básico del Estado de derecho: la libertad como regla y la prisión como excepción.