La reciente movilización de transportistas en Lima, que dirigió sus buses hacia el Congreso, pone de manifiesto una problemática social y criminal de grave impacto: la extorsión y el sicariato que azotan al sector. Empresas como Línea 41 y Vipusa lideraron la protesta, denunciando una paralización forzada de sus unidades y recordando ataques violentos, incluido el de un chofer que recibió cuatro impactos de bala.
Los manifestantes, que señalan la inacción del Gobierno y la Policía, revelan un sistema de cobro de cupos por parte de bandas criminales, con cuotas que pueden ascender a S/20,000 iniciales y S/4,000 mensuales. La protesta, que busca ser escuchada en el Congreso, ha sido apoyada por la Asociación Nacional de Conductores, que no solo pide la renuncia de varios ministros clave, sino también la reposición de la fiscal Delia Espinoza.
Apreciación Legal
Este caso representa un claro ejemplo de la lucha de un sector económico contra la criminalidad organizada. Desde una perspectiva legal, la situación de los transportistas se enmarca en delitos graves como la extorsión, el sicariato y la asociación ilícita para delinquir.
La protesta ciudadana, aunque legítima, evidencia las deficiencias en la aplicación de la ley. El reclamo de los transportistas, dirigido al Congreso y exigiendo la renuncia de ministros y la reposición de una fiscal, subraya la percepción de que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia no están cumpliendo su función de proteger a los ciudadanos y garantizar la libre empresa. En términos legales, la respuesta del Estado a esta problemática debe ser rápida y efectiva, no solo con más detenciones, sino con un enfoque integral que desmantele las redes criminales y fortalezca el sistema judicial para asegurar que los responsables sean procesados y sancionados de manera adecuada.